La separación de poderes constituye un pilar esencial en el funcionamiento de un Estado democrático de derecho. Su propósito es evitar la concentración y el abuso de poder, estableciendo la existencia de tres órganos independientes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Cada uno cumple funciones distintas y actúa de manera autónoma, garantizando así el equilibrio y el control mutuo dentro del sistema institucional.